Decretos

Decreto 32/2022 (15 de julio) por el que se promulga el nuevo Reglamento de Régimen interno del Tribunal Eclesiástico de Almería

Habiendo presentado en junio de 2020 el Sr. Vicario judicial una actualización del Reglamento que rige la actuación del Tribunal Eclesiástico de nuestra diócesis en vigor desde marzo de 2011, que tiene en cuenta principalmente la Carta apostólica en forma de Motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus» sobre la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio en el Código de Derecho Canónico de 2015 y la praxis de este Tribunal, con el fin de procurar una mejor administración de la justicia eclesiástica en la diócesis, guiada por la búsqueda de la verdad desde la misericordia, y animada por el espíritu sinodal que hace caminar juntos a todos los Ministros del Tribunal así como a Letrados y Peritos en el arte del acompañamiento, la escucha y el discernimiento, para que en esta acción canónica no falte nunca «el corazón pastoral, el espíritu de caridad y de comprensión hacia las personas que sufren» (Discurso del Papa Francisco a la Rota Romana en la inauguración del Año judicial, 27/01/2022), por el presente, PROMULGAMOS el nuevo Reglamento de Régimen Interno del Tribunal Eclesiástico de Almería, derogando el hasta ahora vigente.

Dado en Almería, a quince de julio de dos mil veintidós.

Memoria de San Buenaventura, Obispo y Doctor de la Iglesia.

+ Antonio Gómez Cantero
Obispo de Almería

Por su mandato,
José Juan Alarcón Ruiz
Canciller Secretario General

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO – DIÓCESIS DE ALMERÍA


Preámbulo

Una de las secciones que configura la Curia Diocesana de Almería es la judicial, a la que pertenece el Tribunal Eclesiástico, integrado por los órganos y las personas necesarias que colaboran con el Obispo diocesano en el ejercicio de su potestad judicial, para así realizar una adecuada administración de la justicia eclesiástica en la diócesis.

Este es el marco en el que ha de situarse este Reglamento, que asegura las pautas y ordenaciones que guían el ejercicio de la potestad judicial en el Tribunal Eclesiástico, recogiendo para ello la praxis existente, el recorrido del anterior Reglamento, promulgado hace más de once años, y los avances que en estos años se han venido realizando para conseguir una mejor atención a los fieles, cuyos derechos garantiza la ley de la Iglesia (cf. c. 221 §1).

Por todo ello, atendiendo a una mejor administración de la justicia eclesiástica en la diócesis y a una mejor eficacia en los procedimientos judiciales, siguiendo lo dispuesto en el Código de Derecho Canónico sobre la posibilidad de dar algunas normas que sirvan de complemento a la legislación universal de la Iglesia; teniendo también presente lo señalado por la Instrucción Dignitas Connubii, que han de observar los tribunales diocesanos al tratar las causas de nulidad del matrimonio, y principalmente la Carta apostólica en forma de Motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus» sobre la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio en el Código de Derecho Canónico (AAS 107 (2015) 958-970), una vez transcurrido un tiempo desde el comienzo de su aplicación, y con el propósito asimismo de regular todo lo referente a las costas judiciales y al funcionamiento del elenco de patronos estables se establece el siguiente Reglamento para el Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Almería.

PARTE PRIMERA

El Tribunal Eclesiástico de Almería

Título I

De la naturaleza y Funcionamiento del Tribunal eclesiástico

Artículo 1. El Tribunal Eclesiástico de Almería es el organismo de la Curia episcopal que colabora con Obispo diocesano en el ejercicio de la potestad judicial en la Iglesia particular de Almería, conforme a la norma del derecho (cf. c. 391).

Artículo 2. §1. El Juez propio de primera instancia es el Obispo diocesano, al que corresponde, en condición de juez de primera instancia en su diócesis, la potestad plena de juzgar, que puede ejercer la potestad judicial por sí mismo o por medio de otros (cf. cc. 1419 §1; 1673; DC art. 22§1; MIDI, III.), constituyendo un único tribunal para todas las causas no exceptuadas expresamente por el derecho (cf. c. 1400 §2).

  • 2. Sin embargo, cuando se trata de derechos o bienes temporales de una persona jurídica representada por el Obispo diocesano, juzga en primer grado el Tribunal de apelación (cf. c. 1419 §2); lo referente a derechos o bienes del mismo Obispo o de la diócesis como persona jurídica es competencia de la Rota Romana (cf. c. 1405 §3).

Artículo 3. §1. El Tribunal Eclesiástico de primera instancia es competente con potestad vicaria ordinaria para juzgar todas las causas contenciosas, penales y especiales que le sean propuestas a norma del derecho y que no se haya reservado expresamente el Obispo diocesano. La competencia del Tribunal se determinará conforme a lo dispuesto en los cc. 1404-1416 y 1672 y en DC arts. 8-21.

  • 2. El Obispo diocesano puede encomendar a los ministros del Tribunal otros tipos de procesos especiales, como son los procesos para la dispensa del matrimonio rato y no consumado (cf. cc. 1697-1706), las causas para declarar la nulidad de la sagrada ordenación (cf. cc. 1708-1712), las causas de canonización de los siervos de Dios (cf. CIC, can. 1403) y cualquier otro tipo de causas que considere oportuno.
  • 3. El Obispo diocesano puede encomendar a los ministros del Tribunal Eclesiástico que actúan de forma estable la instrucción tanto del proceso administrativo como del penal, a tenor de la legislación universal vigente.
  • 4. De igual modo los ministros del Tribunal podrán ser llamados a colaborar como personas cualificadas en las causas relativas a abusos sexuales por parte de clérigos o miembros de Institutos de vida consagrada o Sociedades de vida apostólica a tenor de la legislación vigente al respecto, según lo señalado en la Carta apostólica en forma de Motu proprio “Vos estis lux mundi”, arts. 11-13.
  • 5. En cuanto a las causas para declarar la nulidad del matrimonio, en los supuestos en los que el matrimonio se contraiga entre una parte católica y una parte bautizada no católica, o de dos católicos de otra Iglesia sui iuris, o de dos acatólicos, bautizados o no, o dos no bautizados, se observará lo señalado en DC arts. 2-4, 16.
  • 6. El Tribunal Eclesiástico carece de competencias para juzgar las controversias provenientes de un acto de la potestad ejecutiva o administrativa del Obispo diocesano.

Artículo 4. §1. Composición del Tribunal. El Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Almería se compone en la actualidad de una única sala, al frente de la cual se encuentra como Presidente el Vicario judicial, pudiendo el Obispo diocesano ampliar el número de salas según lo demandare el bien espiritual de los fieles y la mejor tutela y garantía de sus derechos en la Iglesia.

Artículo 5. §1. La sede y el régimen laboral. El Tribunal Eclesiástico de Almería tiene su sede oficial y oficinas en la Curia episcopal de Almería sito en Plaza de la Catedral nº 1 de la ciudad de Almería.

  • 2. El régimen laboral de este Tribunal Eclesiástico está sujeto al calendario laboral de la Curia episcopal de Almería, que confecciona el Moderador de Curia y aprueba el Obispo diocesano teniendo en cuenta la ordenación anual de las festividades civiles y religiosas anuales. Dicho calendario será remitido al inicio de cada año a todos los ministros y letrados en causa para su correspondiente conocimiento.
  • 3. El Vicario judicial ordenará la distribución de horarios y trabajo para disponer del mejor modo la atención al público y el cometido laboral de gestión interna. Para ello, de ordinario, el Tribunal Eclesiástico permanecerá abierto de lunes a viernes en horario de atención al público de 9 a 14 horas (cf. c. 1468; DC art. 84).
  • 4. Cualquier dispensa o alteración de dicho horario será realizado por el Vicario judicial, con la conformidad previa del Moderador de Curia en el ejercicio de sus funciones, a quien corresponde también vigilar para que todos y cada uno de los miembros de este Tribunal cumplan debidamente con su propio oficio.

Artículo 6. §1. El Tribunal dispone de su propio Registro general, dejando constancia de entrada y salida de escritos y documentación, confiado a la Notaría judicial, a tenor del procedimiento que especifica en los arts. 11 y 16 del presente Reglamento.

  • 2. Corresponde al Vicario judicial el establecimiento y horarios del Registro del Tribunal Eclesiástico, que realizará teniendo en cuenta la ordenación general de días laborables y festivos y los horarios del personal de Curia, cuya regulación es competencia del Moderador de la Curia, una vez aprobado por el Obispo.
  • 3. El mes de agosto es inhábil a efectos judiciales, por lo que en este periodo el Tribunal Eclesiástico permanecerá cerrado. En este mes el cómputo del tiempo se interrumpirá a efectos procesales, reanudándose el primer día hábil tras dicho periodo en el que el Tribunal reinicie su actividad.

Título II

De los Miembros y Ministros del Tribunal y de sus Funciones

Artículo 7. El Obispo moderador. §1. El Tribunal Eclesiástico forma parte de la Curia episcopal, correspondiendo al Obispo diocesano la moderación de las funciones y competencias del Tribunal, en razón del régimen de funciones que le son encomendadas al mismo.

  • 2. Conforme establece el Estatuto de Curia siguiendo la ley de la Iglesia, está reservado al Obispo diocesano el nombramiento de todos los ministros del Tribunal Eclesiástico y de los colaboradores del mismo (cf. DC art. 34 §1), que se realizará por un tiempo determinado, y del que no podrán ser removidos si no es por causa legítima y grave (cf. c. 1422; DC art. 44).
  • 3. Corresponde al Obispo diocesano, a tenor de lo prescrito por el derecho (cf. c. 1420 §1; DC art. 38 §1), nombrar un Vicario judicial, que goza de potestad ordinaria para juzgar y que forma con el Obispo un único tribunal excepto en las causas que el Obispo diocesano se reserve por propia voluntad y/o conforme a lo prescrito por el derecho (cf. c. 1420 §2; DC art. 38 §2).

Artículo 8. §1. El Vicario judicial. Corresponde al Vicario judicial, en virtud de las facultades propias que le asigna el derecho, el ordenamiento, dirección y vigilancia sobre el Tribunal, para que las causas que se presenten se asignen por orden de turno a los jueces que deban entender en ellas (cf. c. 1425 §3; DC art. 48 §1), con el fin de evitar cualquier sospecha de acepción de personas.

  • 2. El Vicario judicial está también obligado a informar anualmente sobre el estado y actividad del Tribunal al Obispo diocesano a quien, como moderador del Tribunal Eclesiástico, corresponde vigilar sobre la recta administración de la justicia en el mismo (cf. DC art. 38 §3), así como al Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica que ejerce la vigilancia sobre la recta administración de la justicia (cf. Constitución apostólica “Praedicate Evangelium”, art. 198, 1º.).
  • 3. A tenor del derecho, el Obispo diocesano puede nombrar un Vicario judicial adjunto, o más, para asistir en sus funciones propias al Vicario judicial bajo la dirección de éste (cf. c. 1420 §3; DC art. 41).

 Artículo 9. Los jueces del Tribunal. §1. El Obispo diocesano ha de nombrar un número suficiente de jueces diocesanos, a tenor del derecho, y con dedicación plena o parcial al Tribunal Eclesiástico, que formarán turnos en las causas correspondientes (cf. c. 1421; DC art. 42).

  • 2. Para juzgar cada causa, el Vicario judicial les designará por turno, según la tabla de rotación en vigor, conforme a los criterios por él establecidos (cf. c. 1425 §3; DC art. 48). Una vez establecido el turno y los jueces que se asignan al mismo, el Vicario judicial no podrá cambiarlos, si no es por causa gravísima, que ha de hacer constar en el decreto (cf. c. 1425 §5; DC art. 49), a no ser que en un caso determinado el Obispo disponga otra cosa antes de la aplicación de la asignación de Juez en razón del turno (cf. c. 1425 §3).
  • 3. En las causas de nulidad matrimonial, el Tribunal colegial formado por los jueces presididos por el Vicario judicial o, en su caso, el Vicario judicial adjunto, actuará según las prerrogativas y funciones que le concede el derecho (cf. DC arts. 45-46).
  • 4. El Vicario judicial, como Presidente del Tribunal puede designar, previa aprobación del Obispo diocesano (cf. c. 1422), auditores que realicen la instrucción de las causas (cf. c. 1428 §1; DC art. 50 §§1-3), función que podrá ser desempeñada no solo por clérigos, sino también por laicos, a tenor del derecho (cf. c. 1428; DC art. 50 §2).
  • 5. En las causas que afectan a un clérigo tanto el juez instructor como el notario que se designe al caso han de ser sacerdotes a tenor del c. 483 §2, así como en todo lo referente a los procesos que la legislación universal vigente señala sobre otros procedimientos especiales.

Artículo 10. El promotor de Justicia y el Defensor del Vínculo. §1. El Obispo diocesano ha de nombrar, para todas las causas en las que el derecho lo determina, un Promotor de justicia y un Defensor del vínculo (cf. cc. 1430-1435; DC art. 53 §1).

  • 2. Teniendo en cuenta lo prescrito por el c. 1436, la misma persona puede actuar como Promotor de justicia y Defensor del vínculo en el Tribunal, pero no en la misma causa (cf. DC art. 53 §3). Del mismo modo, si el Defensor del vínculo ha intervenido en una causa determinada, no puede después definir válidamente como Juez la misma causa en otra instancia (cf. c. 1447; DC art. 66 §2).
  • 3. En las causas de nulidad matrimonial, el Vicario judicial puede nombrar, mediante decreto, en el inicio del proceso o durante su desarrollo, sustitutos del Promotor de justicia y del Defensor del vínculo que harán las veces de los inicialmente designados si éstos estuvieran impedidos (cf. DC art. 55).
  • 4. En este tipo de causas señaladas en el parágrafo anterior, el Defensor del vínculo nunca puede actuar a favor de la nulidad del matrimonio; si en alguna causa no tiene nada que proponer o exponer razonablemente contra la nulidad del matrimonio, puede remitirse a la justicia del Tribunal (cf. DC art. 56 §5).

Artículo 11. Notaría del Tribunal. §1. El Tribunal Eclesiástico dispone de propia Notaría, denominada «Notaría judicial», que está dirigida por el Notario judicial, y depende directamente del Vicario judicial y realiza las funciones propias que el derecho universal y particular determina (cf. c. 1437; DC art. 62).

  • 2. En cualquier proceso debe tomar parte el Notario judicial: las actas que no sean firmadas por él se consideran nulas (cf. c. 1437 §1; DC art. 62 §1).
  • 3. Las actas que redacta el Notario judicial en el ejercicio de su función con la observancia de las formalidades prescritas por la ley hacen fe pública (cf. c. 1437 §1; DC art. 62 §2).
  • 4. En el Tribunal Eclesiástico, salvo que se disponga otra cosa, las funciones que el derecho reserva a la figura del moderador de la cancillería del Tribunal o secretaría del mismo (cf. DC art. 61), son asumidas por el Notario judicial.

Artículo 12. Deberes y obligaciones de los miembros y ministros del Tribunal. §1. Todos ellos prometerán y jurarán públicamente el fiel cumplimiento de su oficio y tarea según lo establecido por el derecho y en su caso por el Obispo diocesano (cf. cc. 471, 1º y 1454; DC art. 40).

  • 2. Además, para ejercer correctamente su función, los miembros y ministros del Tribunal han de preocuparse por adquirir un conocimiento más profundo del derecho de la Iglesia y particularmente de la aplicación de los procedimientos procesales, sirviéndose para ello de los recursos que les proporciona la formación permanente, sobre todo con el estudio de la jurisprudencia de la Rota Romana (cf. DC art. 35).

Artículo 13. §1. Cuantos desempeñan oficios en la administración de la justicia en el Tribunal Eclesiástico, deben de cumplir lo señalado por el derecho, de tal modo que en su actuación se refleje siempre el espíritu y carácter propio de la justicia de la Iglesia.

  • 2. Asimismo, están obligados a guardar secreto de oficio sobre cualesquiera argumentos, documentos o discusiones judiciales que conozcan en razón de su oficio (cf. c. 1455; DC art. 73), y a inhibirse de conocer causas en que tengan interés por razón de consaguinidad o afinidad en cualquier grado de línea recta, y hasta el cuarto grado de línea colateral, o por razón de tutela o curatela, amistad íntima, aversión grande, obtención de un lucro o prevención de un daño, o en la que pueda recaer sobre él cualquier otra sospecha fundada de acepción de personas (cf. c. 1488 §1; DC art. 67).
  • 3. Del mismo modo han de esforzarse por lograr que, sin merma de la justicia, la tramitación de una causa se lleve a cabo en un período de tiempo de duración razonable, teniendo en cuenta los recursos de que dispone el Tribunal y la salvaguarda de los derechos de los fieles. Para ello, se considerarán de forma perentoria los plazos marcados por el derecho para la realización de los diversos actos procesales, de forma que una causa no dure más de un año en la primera instancia (cf. c. 1453).

Artículo 14. §1. En lo referente al cómputo del tiempo procesal para la adquisición o pérdida de derechos procesales rige lo determinado por los cc. 201-203.

  • 2. Cada decreto señalará la naturaleza de los plazos concedidos, y su conformación en tiempo hábil o continuo. Los sábados y domingos siempre serán considerados inhábiles.
  • 3. En cuanto a lo referente a los plazos fatales, judiciales o convencionales, rige lo determinado por el c. 1465. No obstante, los plazos judiciales y convencionales podrán ser abreviados con el consentimiento de las partes, para que el desarrollo de la causa no se prolongue demasiado por razón de esta prórroga (cf. DC art. 81 §§2-3).

Artículo 15. §1. A tenor de lo establecido en DC art. 113 §1, el servicio de consulta y asesoramiento pastoral sobre la oportunidad y conveniencia de introducir una causa de nulidad del matrimonio y sobre el modo de proceder, queda encomendado en el Tribunal Eclesiástico al Notario judicial, que actuará sin perjuicio de que la investigación prejudicial o pastoral sea confiada por el Obispo diocesano a los párrocos o a otras estructuras diocesanas estables creadas para tal fin (cf. MIDI, arts. 2-3).

  • 2. Por otra parte, la Delegación diocesana de Pastoral Familiar, en colaboración con el Tribunal Eclesiástico, podrá ofrecer un acompañamiento espiritual a las partes que, una vez finalizado el procedimiento judicial de nulidad, soliciten asistencia pastoral para afrontar su situación personal y alcanzar su integración en la Iglesia.
  • 3. Los datos personales recabados en estos servicios quedarán protegidos a tenor de lo establecido en la vigente Legislación estatal de protección de datos.

PARTE SEGUNDA

Las Causas Matrimoniales

Título III

De los Procesos

Capítulo I

De los Escritos, Demandas y otros Documentos

Artículo 16. §1. Todos los escritos y notificaciones se presentarán en la Notaría judicial, donde se les dará registro de entrada. Una vez diligenciados se remitirán a las causas a que se refieran.

  • 2. De igual modo, se dará registro de salida a todos los documentos expedidos por el Tribunal, excepto los decretos que forman parte de la instrucción ordinaria de las causas.
  • 3. Todos los escritos que se presenten en el Tribunal deben presentarse en original y dos copias: original y una copia para el Tribunal y una copia, registrada también, para constancia del que la entrega.
  • 4. Para su presentación, sólo irán escritos por una cara del folio.
  • 5. Todos los escritos que se presenten han de ser originales. No se admitirán fotocopias si no vienen acompañadas del original y son compulsadas por el Notario judicial una vez cotejadas (cf. c. 1544).
  • 6. Excepto el escrito de demanda con sus documentos anexos y la Sentencia, el resto de escritos del proceso podrán ser presentados por los letrados de forma telemática con su firma digital de los letrados mediante consignación en la plataforma de archivos digitales específicamente habilitada por el Tribunal a tal efecto.

Artículo 17. §1. Todos los escritos y documentos deben ser numerados y autenticados por el Notario judicial con su firma y sello antes de celebrar la sesión judicial (cf. c. 1472; DC art. 88).

  • 2. Los folios se deben numerar y autenticar en el margen derecho, y por ambas caras, si las dos están escritas, lo que sucede y se admite sólo para algunos documentos públicos presentados.

Artículo 18. En todos los escritos y documentos debe constar de modo legible fecha completa y rúbrica del firmante. Si la firma resultara ilegible, se deberá escribir debajo de la misma de modo legible el nombre del firmante.

Artículo 19. §1. Los escritos, declaraciones testificales y certificados redactados en otros idiomas, han de ser traducidos por un traductor designado por el Juez Presidente o en su caso por el Vicario Judicial, dependiendo del tipo y lengua del documento, a costa de quien lo presentase o pidiese o, en su caso, de la parte actora (cf. c. 1474 §2; DC art. 90 §2).

  • 2. Los documentos originales que pertenezcan a las partes podrán ser devueltos al final del proceso, si son solicitados por éstas o por quienes las representen, conservando siempre en el Tribunal copia de los mismos (cf. c. 1475; DC art. 91 §1).

Capítulo II

Del Escrito de Demanda y su admisión

 Artículo 20. Las demandas que se presenten ante el Tribunal, deberán ser registradas convenientemente en la Notaría judicial asignándolas un número de protocolo por estricto orden de entrada, y se hará un reparto de las mismas entre las distintas salas, si las hubiera, por orden cronológico riguroso (cf. c. 1458).

Artículo 21. §1. Con el escrito de demanda, además de lo establecido en el c. 1504 y en DC art. 116, para las causas de nulidad matrimonial se adjuntarán los siguientes datos y documentos para la mejor identificación de los hechos y las personas —letrado, parte actora y parte demandada—:

1º. Lugar y fecha de nacimiento de las partes.

2º. Domicilio postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono de las partes.

3º. Profesión y estado civil, si se conoce.

4º. Certificación de partida de bautismo de la parte actora y certificación de partida de matrimonio canónico, expedidas ambas por la parroquia correspondiente, en el modelo oficial original en vigor.

5º. Nota de bautismo de los hijos habidos en el matrimonio, si los hubiere y hubieran recibido dicho sacramento, en cuyo caso contrario se admitirá Acta civil de nacimiento o copia del Libro de familia.

6º. Copia de la sentencia de separación y/o divorcio civil y del convenio regulador suscrito por las partes a tal efecto.

7º. En caso de seguir el proceso documental, el documento al que se refiere el c. 1688.

8º. Cualquier otro documento que considere oportuno el Vicario judicial o sea relevante para el mérito de la Causa.

  • 2. En caso de no ser adjuntados estos documentos no será admitido el escrito de demanda, si bien se concede un plazo de veinte días hábiles para completar los documentos a los que se refieren los apartados 4 al 6 del parágrafo anterior.
  • 3. A tenor de DC art. 117, y siempre que sea posible, con el escrito de demanda si se propone prueba documental, se entregarán los documentos; si se propone prueba testifical, se indicarán los nombres y domicilios de los testigos.
  • 4. El escrito de demanda debe contener una exposición breve de los hechos, con una fundamentación jurídica adecuada que sostenga los hechos y pruebas en los que se basa tal acción procesal.
  • 5. En la relación de hechos expuestos en el escrito de demanda y en cualquier otro escrito se observará el respeto a la dignidad de las personas, evitando todo aquello que sea injurioso, lesivo o de mal gusto, tanto para las partes en proceso como para terceros. Se evitarán también expresiones propias del foro civil que puedan inducir a las partes a confusión en el ejercicio de sus derechos, así como la indeterminación de los capítulos de nulidad aducidos con el propósito de que puedan ser admitidos todos los posibles, y otras expresiones del género.

Artículo 22. §1. En el momento de la presentación del escrito de demanda, el Letrado de la parte actora perteneciente al Elenco de Patronos Estables de este Tribunal adjuntará al mismo el documento de designación de éste emitido en su día tras la atención en el Servicio de consulta del que trata el art. 15 de este Reglamento, lo que hace innecesaria la ratificación de dicho escrito de demanda ni el mandato auténtico, que están incluidos en tal documento.

  • 2. En caso contrario, se procederá a la ratificación del escrito de demanda por la parte actora. Ésta, ante el Tribunal, conferirá mandato auténtico otorgando poder al letrado y al procurador si lo hubiere, para que le represente y asista en el proceso (cf. c. 1484-1485).

Artículo 23. §1. Teniendo presente lo dispuesto en el c. 1695 y en DC art. 65, antes de aceptar una causa de nulidad matrimonial, el Juez empleará medios pastorales para inducir a los cónyuges, si es posible, a convalidar su matrimonio y a restablecer la convivencia conyugal, si bien, y según el prudente juicio del Vicario judicial, esta tentativa de conciliación puede omitirse, sobre todo si existe ya sentencia de divorcio civil.

  • 2. A tenor del c. 1675, antes de aceptar una causa, el Juez habrá adquirido también la certeza de que el matrimonio ha fracasado irremediablemente, de manera que sea imposible restablecer la convivencia conyugal.
  • 3. En todo caso el Juez, conforme a los cc. 1505-1506, cuidará especialmente de que, por causa de la tentativa de conciliación y de la ratificación del escrito de demanda, no se demore la admisión del mismo más de un mes, desde que fue presentado.

Artículo 24. §1. Antes de admitir una demanda de nulidad de matrimonio, se debe comprobar la competencia del Tribunal para entender en la causa, a tenor del c. 1672.

  • 2. En caso de no gozar de fundamento alguno, el Vicario judicial mediante decreto debe rechazar cuanto antes el escrito de demanda presentado (cf. c. 1505 §1), para lo cual podrá escuchar antes al Defensor del vínculo (cf. DC art. 119 §2).

Artículo 25. En lo referente a las causas de nulidad matrimonial tramitadas mediante el proceso brevior coram Episcopi, se seguirá lo señalado en los cc. 1683-1687.

Artículo 26. §1. Una vez introducida legítimamente la causa de nulidad de matrimonio, el Juez puede y debe proceder, no sólo a instancia de parte, sino de oficio, supliendo la negligencia de las partes en la presentación de pruebas siempre que lo considere necesario para evitar una sentencia injusta (cf. c. 1452; DC art. 71).

  • 2. El Promotor de justicia o el Defensor del vínculo deben cumplir también su misión a tenor del c. 1433, estando obligados, como las partes, a observar los plazos de presentación de sus escritos.

Capítulo III

De las Citaciones y Notificaciones

Artículo 27. §1. Recibida la demanda y considerado que goza de algún fundamento, el Vicario judicial decretará su admisión y citará a juicio a partes, dando un plazo de quince días continuos para ejercer sus derechos de contestación a la demanda (cf. cc. 1507 §1 y 1676 §1).

  • 2. En un proceso de nulidad matrimonial es muy conveniente que ambos cónyuges tomen parte y colaboren en el proceso para averiguar más fácilmente la verdad y para tutelar mejor el derecho de defensa. Por tanto, el cónyuge legítimamente citado tiene obligación de responder (cf. c. 1476; DC art. 95).
  • 3. Si la parte demandada no contesta a la demanda, el Juez Presidente la citará una segunda vez mediante decreto, concediéndole un nuevo plazo de cinco días continuos para dar contestación a la demanda (cf. c. 1592 §2; DC art. 138 §3).
  • 4. De igual modo, si una vez contestada la demanda la parte demandada no comparece cuando se le cita para llevar a cabo su deposición judicial, o no lo hace posteriormente para someterse a alguna de las pruebas que el Juez haya admitido y decretado, se le citará una segunda vez. Pero si persiste en su incomparecencia, se continuará con el proceso, notificándolo el Juez por decreto y declarando a la parte demandada ausente de juicio, sobre todo si el Juez tiene la certeza y la prueba de que la parte ha recibido las notificaciones correspondientes y no las ha atendido.
  • 5. Cuando la parte actora no tenga conocimiento exacto de la dirección de correo electrónico de la parte demandada, ésta podrá ser citada en su domicilio particular o en el domicilio de su trabajo, si es conocido, o incluso en el de un familiar directo o de parentesco cercano. En última instancia, se podrá legítimamente citar a través de edicto expuesto al público en los tablones de anuncios oficiales del Tribunal y de la Curia diocesana; y, si el Tribunal tuviera conocimiento de ella, en el tablón de la parroquia del posible domicilio o cuasidomicilio de la parte demandada (cf. DC art. 132 §2).
  • 6. La parte demandada y todo aquel que rehúse recibir una citación o notificación, o impida que éstas lleguen, se tendrá por legítimamente citado y notificado (cf. c. 1510; DC art. 133).

Artículo 28. §1. Las notificaciones correspondientes han de hacerse por medio de un procedimiento seguro, prevaleciendo de forma ordinaria para la parte demandada el correo electrónico, o en su defecto el servicio público de correos con aviso de recibo siempre que la comunicación contemple plazos perentorios (cf. c. 1509; DC art. 130).

  • 2. Todas las notificaciones a letrados o peritos, así como al Defensor del vínculo o al Promotor de justicia, se realizarán a través de la plataforma de almacenamiento de archivos digitales específicamente habilitada a tal efecto por este Tribunal.
  • 3. En cualquier caso, los receptores de cualquier notificación dispondrán de un máximo de tres días continuos para confirmar su recepción por cualquier medio telemático.

Artículo 29. En todo lo referente a las notificaciones de los actos procesales a las partes, según la situación procesal que hayan adoptado en juicio, se actuará conforme a lo señalado en DC art. 134, de tal modo que:

1º. A las partes activas en juicio les serán notificados todos los actos procesales hasta la sentencia definitiva.

2º. A las partes que se remiten a la justicia del Tribunal se les debe notificar el decreto que fija la fórmula de dudas, la nueva demanda que pudiera presentarse en el transcurso de la causa, el decreto de publicación de las actas y todos los pronunciamientos del Tribunal colegial.

3º. A la parte que ha sido declarada ausente de juicio sólo se le notificará el decreto que fija la fórmula de dudas y la parte dispositiva de la sentencia definitiva (cf. DC art. 258 §3).

4º. A la parte ausente cuya residencia sea completamente desconocida, aun habiendo procedido a tenor del art. 27 §5 de este Reglamento, no se hará notificación alguna.

Artículo 30. §1. En las causas de nulidad matrimonial, realizada o no la contestación a la demanda, el Vicario judicial determinará mediante decreto los términos en los que se fija la fórmula de dudas tomados del escrito de demanda y del escrito de contestación a la demanda, si lo hubiere, dubium que será propuesto a las partes para que, en el plazo señalado, hagan uso del ejercicio de sus derechos. Transcurrido ese plazo, si las partes no han objetado nada, la fórmula de dudas quedará firme y se decretará la instrucción de la causa, abriendo el plazo de proposición de pruebas al que se le concede un plazo de diez días hábiles (cf. c. 1676 §2; DC 135).

  • 2. En el mismo decreto determinará si la causa ha de seguirse mediante el procedimiento brevior coram Episcopi o el procedimiento ordinario, además de disponer la constitución de colegio de jueces para ello en este último caso (cf. c. 1676 §3).

Artículo 31. §1. En lo referente a la caducidad y renuncia de la instancia se seguirá lo señalado por el derecho. No obstante, el plazo de caducidad de una instancia podrá ser ampliado hasta un año, si la parte actora alega causa justa que justifique la falta de ejecución de los actos procesales por las partes. El Juez, antes de agotar ese plazo, advertirá a la parte sobre el acto que debería realizar (cf. c. 1520; DC art. 146.) o lo prorrogará por causa justa.

  • 2. En estos casos, las partes asumirán las costas judiciales que su actuación en el proceso haya ocasionado, pudiendo el Juez disponer otra cosa por causa justa (cf. c. 1523; DC art. 149).

Capítulo IV

Del Examen judicial y de las Pruebas

Artículo 32. §1. Quedando a salvo las facultades que el derecho concede al Juez, se considera apropiado que cada una de las partes y el Defensor del vínculo y/o el Promotor de justicia no propongan, de ordinario, un número de testigos superior a tres.

  • 2. En el caso de que, para evitar un número excesivo de testigos, el Juez tenga que proceder a reducir los mismos (cf. c. 1553), lo hará de tal modo que admita un número igual de los propuestos por cada parte y por el Defensor del vínculo y/o por el Promotor de justicia, teniendo en cuenta lo señalado por el c. 1678.
  • 3. En todo caso, la lista de los testigos propuestos debe ser presentada con sus nombres y apellidos, domicilio y relación con las partes.

Artículo 33. Los testigos serán citados en la sede del Tribunal mediante decreto del Juez (cf. c. 1556), y a petición de las partes o cuando las circunstancias lo exijan, a través de procuradores, letrados o defensores del vínculo, quienes se harán cargo, formal y fehacientemente de las citaciones que deberán cursar a los interesados en los tiempos y modos previstos, según el art. 28 §2 de este Reglamento.

Artículo 34. Si un testigo, legítimamente citado, no acudiese a declarar, el Juez podrá volver a citarlo en el plazo de tiempo más breve posible. Cuando los testigos no puedan realizar su declaración por motivos graves debidamente justificados, las partes deberán comunicarlo por escrito al Juez, con una antelación de tres días hábiles, solicitando su renuncia al testigo en cuestión, su sustitución por otro, o el cambio de fecha para su comparecencia (cf. c. 1557; DC art. 163 §2).

Artículo 35. §1. Según su prudente juicio, para practicar las confesiones judiciales de las partes y las declaraciones de los testigos, el Juez se servirá de los artículos aportados por el Defensor del vínculo y/o el Promotor de justicia y por las partes (cf. c. 1533; DC art. 164), evitando preguntar y consignar lo que sea inútil, superfluo o carente de sentido e interés para el mérito de la causa, observando siempre el debido respeto y consideración a la dignidad de las personas, en especial a las que estuviesen presentes en el acto de la declaración (cf. c. 1564; DC art. 169).

  • 2. En la declaración, además de los datos generales de la ley del declarante, se hará consignar en el acta de comparecencia la profesión, situación religiosa, parroquia, asociación o comunidad cristiana a la que esté vinculado. El Juez le interrogará sobre sus fuentes de conocimiento y sobre el tiempo preciso en que ha conocido todo cuanto declara (cf. c. 1563; DC art. 168).
  • 3. El acta de comparecencia deberá ser sellada y firmada por el Juez presidente, el Notario judicial y el declarante y el letrado, así como por el Defensor del vínculo y/o el Promotor de justicia si estuviesen presentes (cf. c. 1569 §2; DC art. 175 §2).
  • 4. Una vez practicados los artículos presentados, tanto los propuestos por el Defensor del vínculo como por las partes, los letrados, cuya asistencia a todas las comparecencias es de todo punto recomendable, podrán formular otras preguntas además de las ya presentadas, o solicitar aclaraciones o precisiones sobre las respuestas realizadas, pero siempre dirigidas al Juez que será quien las formule al declarante (cf. c. 1561; DC art. 166).
  • 5. Para todo lo referente a las declaraciones se seguirá lo señalado en DC, arts. 167-176, habilitándose en la medida de lo posible un sistema de grabación instantánea como ya se utiliza en la administración de la justicia civil.

Artículo 36. §1. Se admitirán como prueba documental documentos privados tales como cartas postales, notas o correos electrónicos intercambiados, con tal de que se hayan escrito en tiempo no sospechoso y conste de modo manifiesto su autoría, autenticidad y tiempo de su redacción, que deberá ser confirmado por las partes o por los testigos declarantes (cf. DC art. 186).

  • 2. En lo referente a las cartas anónimas, se atenderá a lo señalado en DC art. 188.
  • 3. El Juez puede pedir a una o a ambas partes documentos relacionados con el mérito de la causa (cf. c. 1545; DC art. 191). La desatención a este tipo de requerimientos, sobre todo por las partes demandadas sometidas a la justicia del Tribunal, será valorado de forma negativa por el mismo, al igual que las comparecencias de dicha parte no realizadas para la ejecución de la prueba pericial, incongruentes con la situación procesal adoptada.

Capítulo V

De las Letras rogatorias

Artículo 37. §1. Todo tribunal tiene derecho a pedir la ayuda de otro tribunal para la instrucción de la causa o para hacer intimaciones judiciales (cf. c. 1418; DC art. 29 §1). Del mismo modo, todo tribunal debe tramitar las letras rogatorias o exhortos procedentes de otro tribunal.

  • 2. Cuando haya que expedir exhortos a otro tribunal, el Notario judicial lo diligenciará de manera inmediata. El decreto del Presidente del Tribunal, y en su caso del Juez instructor o del Juez ponente «ad casum», será remitido al tribunal exhortado junto con la copia del escrito de demanda y de la contestación a la misma, si la hubiere, de la fórmula de dudas fijada y los artículos presentados por las partes y por el Defensor del vínculo, así como los datos de las personas que deban ser citadas para comparecer ante el tribunal rogado.
  • 3. En el caso de expedición de exhortos a Tribunales Eclesiásticos de diócesis de ámbito internacional, se diligenciarán a través de correo electrónico para salvar las dificultades existentes con el servicio internacional de correos.

Artículo 38. Si, completadas las declaraciones de las partes y de los testigos que deben ser examinados en el propio tribunal, no se hubiesen recibido cumplimentadas las letras rogatorias, el Juez requerirá nuevamente al tribunal rogado para que sean cumplimentadas a la mayor brevedad posible o en caso contrario dé razones de su imposibilidad.

Artículo 39. Este mismo proceder indicado en el art. 36 se ha de observar en los casos en los que este Tribunal haya de cumplimentar letras rogatorias procedentes de otros tribunales, realizando las actuaciones judiciales requeridas a la mayor brevedad posible, en el plazo de un mes tras la recepción del exhorto, según lo que para ello disponga el Vicario judicial.

Artículo 40. Las notas de tasas recibidas o enviadas tras la cumplimentación de letras rogatorias serán remitidas por el Notario judicial mediante orden de pago al Ecónomo diocesano, que las abonará al Tribunal correspondiente a través de transferencia bancaria.

Capítulo VI

De la fase discusoria, la sesión judicial

y la notificación y posterior ejecución de la sentencia

Artículo 41. §1. Publicadas mediante decreto las actas de la causa, las partes personadas en el juicio tienen derecho a examinarlas en la sede del Tribunal (cf. DC art. 233 §1), pudiendo alegar en su comparecencia lo que estimen conveniente, a la vista de las mismas, en defensa de sus derechos (cf. c. 1598 §1), en el plazo máximo de cinco días continuos.

  • 2. Al inicio de esta comparecencia, el Juez ha de exigir a la parte demandada juramento o promesa de no utilizar la información adquirida en este examen para otros fines distintos al ejercicio de su propia defensa en el foro canónico, considerando que renuncia a este examen si no consiente en realizar tal juramento o promesa (cf. DC art. 232.).
  • 3. Se podrá entregar copia de las actas de la causa a los letrados que la pidieren, siempre que se hallen presentes en el juicio representando de forma activa a las partes. El Juez, en el ejercicio de las facultades que le son propias y por razones ponderadas, puede vetar la entrega de la copia de los autos, o de parte de ellos, si estima que su finalidad no es la preparación de los alegatos, sino otros fines al margen del proceso. A tal fin, se les notificará mediante el correspondiente decreto (cf. DC art. 229).
  • 4. Los letrados tienen la obligación grave en conciencia de no entregar copia total o parcial de las actas a otros, ni siquiera a las partes (cf. DC art. 235 §2).
  • 5. Nunca se entregará copia de los documentos y actas del proceso sin mandato del Juez (cf. c. 1475).

Artículo 42. §1. Si una vez publicadas y examinadas las actas de la causa se presenta alguna otra prueba, ésta será admitida o rechazada por el Juez, completando la instrucción en el plazo más breve posible (cf. c. 1598 §2.).

  • 2. La comparecencia efectuada por la parte demandada, sometida a la justicia del Tribunal para la visualización de las actas, podrá ser trasladada al letrado de la parte actora para su conocimiento, si el Juez lo considera oportuno.
  • 3. Tras la conclusión de la causa, el Juez puede practicar nuevas pruebas, a tenor de lo señalado en el c. 1600 (cf. DC art. 239).
  • 4. Cuide el Juez de no dar el decreto de conclusión de la causa mientras considere que queda todavía algo por indagar para que la causa pueda considerarse suficientemente instruida, para lo cual podrá oír el parecer del Defensor del vínculo (cf. DC art. 238).

Artículo 43. §1. En la fase discusoria de la causa, las partes, el Defensor del vínculo y el Promotor de justicia atenderán con diligencia a la presentación de los correspondientes escritos de defensa y alegatos, observando para ello y cumpliendo sin dilación los plazos determinados por el Juez (cf. c. 1601; DC art. 240). Estos plazos serán de ordinario de quince días hábiles, tras la conclusión de la causa, para presentar el escrito de observaciones y el de alegaciones; de siete días hábiles para presentar el escrito de réplica tras el intercambio de los escritos de defensa; y de tres días hábiles para presentar el escrito de dúplica.

  • 2. En estos escritos se recogerán los hechos verdaderamente probados y entitativamente significativos que puedan subsumirse en la norma canónica. Se evitarán las interpretaciones sesgadas u ofensivas para cualquiera de los intervinientes en el proceso o para terceros, la disquisición académica y todo aquello que alargue u obstaculice la celeridad procesal.
  • 3. Aplicando lo señalado en el c. 1602 y en DC art. 240 §2, en cuanto al modo de presentar los escritos señalados, se seguirá lo indicado en el art. 14 de este Reglamento, si bien los escritos de defensa y alegatos no deben superar, de forma ordinaria, los veinte folios de extensión.
  • 4. Si alguna de las partes no entrega en el plazo determinado cualquier de los escritos de defensa a los que tienen derecho, se entenderá que renuncian a su presentación, no admitiéndose ésta fuera de los plazos determinados.
  • 5. De igual modo, una vez decretado el plazo para la dúplica del Defensor del vínculo, si éste no responde dentro del plazo fijado por el Juez, se entenderá que no tiene nada que añadir a sus observaciones y se continuará adelante el proceso para dictar sentencia (cf. DC art. 243 §2).

Artículo 44. §1. En la fecha y hora señalada para realizar la sesión judicial, los jueces que formen parte del tribunal colegial deben resolver sus votos y presentarse con ellos impresos y firmados en la sala de jueces para celebrar dicha sesión conjunta y deliberar sobre la causa, a tenor de lo dispuesto en el c. 1609 y en DC art. 248.

  • 2. La asistencia a dicha sesión judicial por parte de los jueces es obligatoria e inaplazable.
  • 3. Cuando el Tribunal procede colegialmente, está obligado a tomar las decisiones por mayoría de votos (cf. c. 1426 §1; DC art. 31.).
  • 4. La sesión judicial y la posterior redacción de la sentencia se realizarán conforme a lo señalado por el derecho, y ésta debe publicarse antes de un mes a partir del día en que tuvo lugar la sesión judicial (cf. c. 1610 §3; DC art. 249 §5).
  • 5. De igual modo, podrá diferirse la decisión de los jueces en el modo admitido por el derecho, e incluso completar la instrucción con nuevas pruebas, decisión que será comunicada por decreto a las partes (cf. c. 1609 §5; DC art. 248 §5).

Artículo 45. §1. La notificación de la sentencia a las partes en situación procesal activa en juicio se hará mediante citación para su comparecencia ante el Tribunal.

  • 2. La notificación de la sentencia a la parte demandada en situación procesal de sometimiento o allanamiento a la justicia del Tribunal se hará directamente mediante envío de la sentencia por los medios señalados en el artículo 28 de este Reglamento.
  • 3. En caso de hallarse la parte demandada en situación procesal de ausencia de juicio, solamente le será notificada la parte dispositiva de la sentencia (cf. DC art. 258 §3).

Artículo 46. §1. Publicada la sentencia que declara por vez primera la nulidad de un matrimonio, y cumplidos los términos establecidos en los cc. 1630-1633, se hace ejecutiva (cf. c. 1679).

  • 2. Si la sentencia no favorable a la nulidad del matrimonio es apelada por alguna de las partes o por el defensor del vínculo y/o el promotor de justicia (cf. c. 1680 §1), se actuará el procedimiento establecido conforme a los cc. 1628-1640, respetando los plazos perentorios señalados por el derecho, de quince días hábiles para interponer la apelación (cf. c. 1630 §1; DC art. 281 §1), y de un mes para proseguirla ante el tribunal de segunda instancia (cf. c. 1633; DC art. 284 §1).
  • 3. En cualquier caso, el decreto de firmeza y ejecución de la Sentencia será notificado a las partes a través de su letrado, si lo tuvieren, en documento original que deberán adjuntar a la Sentencia si desean contraer nuevas nupcias canónicas.

Artículo 47. §1. En cuanto la sentencia sea firme y se haya hecho ejecutiva se procederá conforme a lo previsto para la ejecución de la sentencia en el correspondiente procedimiento señalado en los cc. 1650-1655.

  • 2. En las causas de nulidad matrimonial, el Vicario Judicial notificará al Ordinario del lugar correspondiente la incidencia de la nulidad para que éste decrete las anotaciones pertinentes a realizar en los libros de matrimonio y de bautismo, ejecutándose así la sentencia (cf. cc. 1653; 1682 §2; DC art. 300 §1).

Capítulo VII

De la imposición de Vetitum y su levantamiento

Artículo 48. §1. En la sentencia de una causa de nulidad matrimonial, puede ser impuesto un vetitum a las partes que les prohíba acceder a nuevas nupcias canónicas, y que precisará para su levantamiento de la consulta al Ordinario del lugar o al tribunal que dictó la sentencia, según los casos, a tenor de lo indicado en DC art. 251.

Artículo 49. §1. Si la parte quiere de nuevo contraer matrimonio canónico ha de solicitar que les sea levantado el veto impuesto, para lo cual dirigirá una solicitud al Vicario Judicial para que admita su pretensión.

  • 2. El Vicario judicial, valorando las circunstancias que motivaron en su momento la imposición de tal vetitum, auxiliado para ello por el Promotor de justicia si así lo considera necesario, decretará la ejecución de las pruebas necesarias, sobre todo periciales, para comprobar que han sido superadas las causas que motivaron su imposición.
  • 3. Completadas dichas pruebas, le serán remitidas al Promotor de Justicia que estudiará sus conclusiones y emitirá un informe justificando el levantamiento o permanencia del veto.
  • 4. Conocido el expediente por el Ordinario, éste valorará lo que haya de decidirse y, oído el Vicario judicial, decretará la permanencia o el levantamiento del vetitum, en cuyo caso ordenará la correspondiente anotación en el libro de bautismos en que se halle inscrita la parte.
  • 5. La parte solicitante correrá con las costas totales derivadas de la ejecución de las pruebas decretadas y de los honorarios del tribunal, que serán señalados mediante decreto por el Vicario Judicial.

Título IV

De los Letrados y Peritos

Capítulo I

De la Asistencia de Letrados en Causa

Artículo 50. §1. Las partes pueden designar libremente letrado que les asista (cf. c. 1481 §1.), bien eligiéndolos de entre los pertenecientes al elenco de patronos estables de este Tribunal; bien de entre los pertenecientes a los elencos de otros Tribunales eclesiásticos en los que figuren inscritos como tales; o bien presentando ante el Tribunal cualquier otro letrado que cumpla los requisitos señalados por el derecho (cf. c. 1483; DC art. 105 §1), y como tal sea habilitado por el Vicario judicial para actuar en causa ante el Tribunal.

  • 2. Los letrados que sean clérigos necesitarán, además, el permiso del Obispo diocesano.
  • 3. Los letrados pertenecientes al elenco de patronos estables del Tribunal así como aquellos que hayan obtenido el título de abogado rotal no necesitan tal aprobación, aunque el Obispo diocesano puede vetar, por graves motivos, el ejercicio de su patrocinio en su Tribunal (cf. DC art. 105 §2).
  • 4. Si un letrado no perteneciente al elenco de patronos estables del Tribunal es designado para actuar ante el Tribunal, pero pertenece al elenco de patronos estables o de letrados de otro Tribunal eclesiástico, deberá acreditar su pertenencia mediante certificado expedido por el Notario judicial de ese Tribunal.
  • 5. Al resto de letrados designados por las partes para actuar en el tribunal, a tenor del c. 1481, se les exigirá la presentación de una solicitud dirigida al Obispo diocesano por medio del Vicario Judicial, según el modelo existente en la Notaría del Tribunal, que adjunte el certificado que acredite su conocimiento y pericia en derecho canónico matrimonial y procesal tras haber cursado al menos la asignatura de derecho canónico en la licenciatura de derecho civil, y declaración jurada de aceptar las normas que dirigen el proceso canónico y las propias del Tribunal contenidas en este Reglamento. Para la inclusión de letrados en el elenco de patronos estables, los candidatos habrán de presentar asimismo aquellos documentos acreditativos de su competencia y experiencia que les requiera el Vicario judicial, incluyendo la certificación de estar colegiado en el respectivo Colegio, según señala el art. 59 de este Reglamento.

Artículo 51. §1. Pueden también las partes tomar parte activa en causa sin asistencia de letrado siempre que acrediten un conocimiento del derecho matrimonial y procesal canónico suficiente como para no perjudicar su derecho de defensa ni entorpecer el desarrollo del proceso, según valoración realizada por el Vicario Judicial (cf. c. 1481 §1; DC art. 101).

  • 2. Si ambos cónyuges piden la declaración de nulidad del matrimonio, pueden nombrar un letrado en común (cf. DC art. 102.).

Artículo 52. La parte demandada que se oponga a la nulidad de su matrimonio, en el momento de la contestación a la demanda habrá de aclarar cuál es la situación procesal que va a adoptar: si es activo en juicio habrá de designar letrado que lo asista; si se allana o somete a la justicia del Tribunal podrá prescindir de letrado y/o procurador, y será el Defensor del vínculo el que actúe como defensa de su pretensión.

Artículo 53. §1. Para evitar costas a las partes, en este Tribunal el mismo letrado ejerce como letrado y procurador en la misma causa (cf. c. 1482; DC art. 103). No obstante, permanece el derecho de la parte a elegir un procurador distinto del letrado (cf. DC art. 103 §1).

  • 2. El letrado debe residir en el territorio de competencia del tribunal que se corresponde con los límites de la diócesis, aunque el Juez presidente, por circunstancias peculiares, puede aprobar para un caso particular un letrado que no resida en el mismo territorio del Tribunal (cf. DC art. 105 §3).

Artículo 54. Los letrados debidamente admitidos en una causa de primera instancia, se entienden designados por las partes para la segunda instancia si fueren necesarios en el tribunal correspondiente o en el de apelación (cf. c. 1486), previa aceptación de ese Tribunal, a no ser que la parte considere otra cosa, y realice otras designaciones para las ulteriores instancias.

Capítulo II

Del Elenco de Patronos estables

Artículo 55. §1. Para las causas de nulidad matrimonial, y a tenor del c. 1490, en el Tribunal Eclesiástico de la diócesis de Almería está constituido un elenco de patronos estables que actúan como tales en favor de las partes que soliciten su asistencia y libremente acepten ser representados por ellos.

  • 2. Los letrados que pertenecen al mismo como patronos estables han de cumplir como todo letrado los requisitos señalados por el c. 1483 y DC art. 105, y además, han de:

1º. Vivir su pertenencia a la Iglesia Católica, siendo ejemplo de vida cristiana y de honestidad en sus costumbres, coherencia con los presupuestos eclesiales relativos a la fe y a la aceptación cristiana del matrimonio.

2º. Ser conscientes del servicio eclesial que van a realizar al actuar en las causas en las que sea requerida su asistencia jurídica, como verdaderos agentes de pastoral, acogiendo en nombre de la Iglesia a estas personas que solicitan la nulidad de su matrimonio movidos no por intereses económicos, sino aceptando las condiciones y honorarios vigentes en este Tribunal Eclesiástico; y atendiendo así preferentemente aquellas causas en las cuales las partes quieran solicitar reducción de costas o incluso patrocinio gratuito (cf. DC art. 307 §1).

3º. Estar comprometidos a asistir a los encuentros semestrales de este elenco a los que se les convoque, y a cuantas iniciativas de formación y estudio se realicen, para así prestar una mayor y mejor atención a los matrimonios en dificultad que acuden al Tribunal Eclesiástico en el ejercicio de su derecho a la justicia en la Iglesia.

4º. Asistir, en el ejercicio de sus funciones, a las partes con la calidad humana y cristiana de la que son dignas, con la delicadeza que comporta el asunto del que se trata, y con la profesionalidad y secreto requeridos ante los datos sobre el matrimonio manifestados, evitando de todo punto utilizar procedimientos intimidatorios para preparar el escrito de demanda así como para percibir el importe de sus propios honorarios.

Artículo 56. §1. Los doctores y licenciados en derecho canónico así como los letrados que hayan obtenido el título de abogado rotal podrán ser admitidos por el Obispo diocesano al elenco de patronos estables.

  • 2. De igual modo, los letrados licenciados en derecho civil que no hayan obtenido los grados académicos de formación eclesiástica reseñados en el parágrafo anterior podrán también ser candidatos a pertenecer al elenco de patronos estables, siempre que hayan participado en más de dos cursos de especialización en derecho matrimonial o procesal canónicos admitidos por el Vicario judicial y obtenido el título correspondiente que así lo acredite.
  • 3. No serán admitidos en este elenco o, en su caso, serán excluidos del mismo, quienes estén suspendidos en el ejercicio de la abogacía por faltas graves o muy graves, o estén incursos en situación matrimonial irregular contraria a los principios doctrinales de la Iglesia Católica, incluido el mero matrimonio civil, o sujetos a una censura impuesta o declarada por la autoridad eclesiástica.

Artículo 57. Para su admisión en el elenco de patronos estables del Tribunal Eclesiástico de Almería, el letrado habrá de presentar al Vicario Judicial una solicitud según el modelo existente en la Notaría del Tribunal, que adjunte los siguientes documentos:

1º. Fotocopia del documento nacional de identidad.

2º. Acta de nacimiento.

3º. Partida de bautismo y de matrimonio canónico, si lo hubiere.

4º. Curriculum vitae.

5º. Certificado de estudios o fotocopia del título de doctor o licenciado en derecho civil y/o canónico.

6º. Certificación o título de abogado rotal.

7º. Acreditación de cursos de formación realizados, o de pertenencia a alguna asociación de canonistas.

8º. Certificado de colegiación como ejerciente en el Colegio de abogados correspondiente.

9º. Carta escrita de puño y letra en la que expresa las razones que le mueven a solicitar la admisión a este elenco y su servicio a la justicia eclesiástica.

Artículo 58. Los letrados pertenecientes al elenco de patronos estables ejercerán sus cometidos siguiendo un turno riguroso, según dicho elenco. Este turno no podrá ser alterado si no es por causa suficiente y mediante decreto razonado por el Vicario Judicial, no bastando para ello la mejor o mayor adaptación o las conveniencias personales.

Artículo 59. §1. La admisión al elenco de patronos estables del Tribunal y su nombramiento es de competencia exclusiva del Obispo diocesano, a propuesta del Vicario Judicial. La Cancillería del Obispado emitirá documento acreditativo de que un letrado o varios han sido admitidos a formar parte de dicho elenco. Este documento de acreditación pasará a formar parte del dossier de cada patrono estable que obrará en el archivo en ejercicio de la Notaría judicial.

  • 2. Los letrados miembros del elenco de patronos estables cesarán como miembros del elenco del Tribunal Eclesiástico de Almería a la edad de setenta y cinco años.

Artículo 60. Los letrados que han sido aceptados como patronos estables del elenco emitirán juramento ante el Obispo diocesano, o, por delegación de éste, ante el Vicario judicial, en los días señalados para ello, con la dignidad y protocolo propios del acto.

Capítulo III

Del Auxilio de los Peritos en Causa

Artículo 61. §1. A tenor del c. 1680, se acudirá al auxilio de peritos públicos siempre que, por prescripción del derecho o del Juez, se requiera su dictamen para comprobar un hecho o determinar la verdadera naturaleza de una causa, conforme a lo dispuesto para los distintos procesos canónicos y, en general, a tenor de los cc. 1574-1581, de modo obligatorio en las causas sobre impotencia o sobre falta de consentimiento por enfermedad mental o por las incapacidades contempladas en el c. 1095 (cf. c. 1678 §3; DC art. 203).

  • 2. Corresponde al Juez nombrar a los peritos públicos y si fuese oportuno, asumir los dictámenes ya elaborados por otros peritos en tiempo no sospechoso (cf. c. 1575; DC art. 204 §1).
  • 3. Designará el Juez peritos que tengan presentes los principios esenciales de la antropología cristiana y cumplan los requisitos señalados por el derecho, siendo verdaderamente expertos en su materia, gocen de buena fama de ser católicos y estén en comunión con la Iglesia (cf. DC art. 205).
  • 4. Las partes podrán designar también peritos privados, que necesitan la aprobación del Juez (cf. c. 1581; DC art. 213).

Artículo 62. §1. Junto con las pruebas propuestas, las partes y el Defensor del vínculo propondrán un cuestionario para el perito que podrá ser admitido y ampliado por el Juez, y que habrá de contener las indicaciones señaladas por DC arts. 208-209.

  • 2. El perito efectuará el estudio del dossier confeccionado con las pruebas y el cuestionario y presentará el dictamen, en el plazo máximo de treinta días hábiles siguientes al de la fecha de comparecencia ante el Tribunal para aceptar el encargo encomendado y recibir las actas de la causa y la documentación pertinente a tenor del c. 1577 §§2-3.
  • 3. Si alguna de las partes no compareciera para la práctica de dicha prueba pericial, el perito está obligado a informar al Juez cuanto antes para que éste inste a la parte a realizar dicha comparecencia.

  Artículo 63. §1. A la hora de realizar su correspondiente ratificación sobre el informe pericial realizado de forma directa a las partes, o como Voto técnico sobre Autos sobre la parte demandada ausente de juicio o no compareciente a dicha prueba, atendiendo a lo señalado en el c. 1578 §3 y en DC art. 207, se procederá del siguiente modo:

. Una vez realizado el informe pericial, en el que se responderá con fidelidad al cuestionario presentado por las partes y el Defensor del vínculo para la ejecución de esta prueba, el perito presentará de modo telemático con firma digital al Tribunal el informe elaborado.

2º. A la mayor brevedad posible, en la forma convenida con el perito, y ante el Juez Presidente o instructor, el perito realizará la comparecencia de ratificación de su informe mediante la respuesta de un cuestionario de preguntas preparadas por el Juez, si tal comparecencia fuera necesaria para completar o aclarar alguno de los aspectos y/o respuestas de su informe; de lo contrario, no será necesaria la ratificación presencial de su informe, que será presentada de forma telemática con firma digital.

Artículo 64. §1. El Tribunal Eclesiástico contará con un elenco de peritos psicólogos y psiquiatras, cuya admisión estará reservada al Obispo diocesano a propuesta del Vicario judicial.

  • 2. Podrán pertenecer al dicho elenco aquellos profesionales que, cumpliendo los requisitos de DC art. 205 acrediten:

1º. Título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste.

2º. Certificado de colegiación como ejerciente en su respectivo colegio profesional.

  • 3. No serán admitidos en este elenco o, en su caso, serán excluidos del mismo, quienes estén suspendidos en el ejercicio de su profesión por faltas graves o muy graves, o estén incursos en situación matrimonial irregular contraria a los principios doctrinales de la Iglesia Católica, incluido el mero matrimonio civil, o sujetos a una censura impuesta o declarada por la autoridad eclesiástica.
  • 4. A este elenco se le aplicarán las condiciones y requisitos establecidos también en el art. 55 §2, 1º-2º-4º de este Reglamento.

Título V

De las Costas judiciales

Artículo 65. Corresponde al Obispo diocesano establecer la normativa sobre costas judiciales y aprobar su reducción o exención, a tenor del c. 1649 y de DC art. 303.

Artículo 66. §1. Las costas y tasas del Tribunal serán fijadas anualmente por el Obispo diocesano mediante decreto episcopal, o en su defecto por decreto del Vicario judicial.

  • 2. Dicha tabla de costas y aranceles se dará a conocer a los letrados y peritos en causas y será publicada en el Boletín Oficial del Obispado de Almería para su público conocimiento.

Artículo 67. §1. Para el abono de las costas judiciales se establecen en el Tribunal los siguientes plazos durante el proceso: un tercio de las costas totales de la causa serán abonadas antes de la admisión de las pruebas; otro tercio antes del final de la fase probatoria y la publicación de las actas; y el último tercio antes de la conclusión de la fase discusoria, en torno al momento procesal del decreto de dúplica. No obstante, puede solicitarse el aplazamiento del pago, a petición motivada por el letrado de la parte con resolución del Juez, hasta el momento final del proceso.

  • 2. Queda excluida de esta regulación el abono de tasas correspondientes a los peritos, que se realizará ante ellos de forma directa al final de la ejecución de la prueba pericial, excepto en el caso de exhortos a otros tribunales en los que la parte actora abonará directamente las tasas correspondientes al Tribunal exhortado.
  • 3. Las partes demandadas que quieran adoptar postura procesal activa en juicio, abonarán el total de las costas antes del momento procesal de las pruebas presentadas, para evitar incluir en el litigio la acción del pago de las costas judiciales que, en estos casos, se imponen por igual a ambas partes.
  • 4. No se convocará la sesión judicial para la resolución de la causa sin que haya sido completado el abono total de las costas fijadas. En caso de impago de las mismas por espacio de seis meses, se realizará la sesión judicial, a juicio del Vicario judicial, pero la publicación de la sentencia será retenida y no podrá ser entregada copia de la misma a ninguna de las partes hasta que se abonen las costas judiciales pendientes, que podrán ser requeridas mediante procedimiento civil de reconocimiento de deuda y otras acciones civiles similares.

Artículo 68. Todas las tasas pertenecientes al Tribunal Eclesiástico de Almería serán abonadas por transferencia bancaria a la cuenta del Obispado de Almería, cuyo código será facilitado, indicando de forma preceptiva en el concepto la referencia al Tribunal Eclesiástico y el número de protocolo de la causa a la que se aplica el ingreso, o bien en efectivo en la Oficina de Contabilidad y Tesorería de la Administración general diocesana, que expedirá el oportuno justificante de pago.

Artículo 69. El Tribunal no atenderá reclamaciones por impago de los honorarios correspondientes a los letrados, pertenecientes o no al elenco de patronos estables, ante las partes a las que representan.

Artículo 70. §1. Las partes están obligadas, según sus posibilidades, a contribuir al pago de las costas judiciales (cf. DC art. 302).

  • 2. Las costas judiciales están clasificadas en tres tipos: abono total, reducción de costas y exención total o patrocinio gratuito.
  • 3. Gozarán del beneficio del patrocinio gratuito aquellas partes en litigio cuyos ingresos mensuales no superen el cincuenta por ciento del total de las tasas correspondientes al Tribunal.
  • 4. Las costas reducidas serán las que en cada caso señale el Vicario judicial conforme a norma, aplicando el porcentaje de reducción de las mismas a aquellas partes en litigio cuyos ingresos mensuales no superen el total de las tasas correspondientes al Tribunal. Asimismo, se tendrán en cuenta para la valoración de la concesión de la reducción proporcionada de las costas judiciales, que las partes se encuentren incursas en circunstancias tales, debidamente acreditadas de forma documental, como el número de hijos o familiares a su cargo, patrimonio propio o de los miembros de su nueva unidad familiar, si la hubiere, y obligaciones crediticias que pesen sobre las mismas.

Artículo 71. §1. La solicitud de concesión de la exención total o reducción de costas será solicitada por el interesado de ordinario en el momento de la presentación del escrito de demanda (cf. c. 1464; DC art. 306).

  • 2. El letrado designado colaborará con la parte en la preparación de esta solicitud y señalará con su firma su conformidad con la misma.
  • 3. Cuando en una causa se conceda el beneficio de patrocinio gratuito, el patrono estable designado para ello no podrá sustraerse a este encargo, a no ser por causa grave admitida por el Vicario judicial (cf. DC art. 307 §2).

Artículo 72. Las partes interesadas en obtener reducción de costas o exención total de tasas deberán solicitarlo por escrito al Vicario judicial y presentar los documentos que demuestren su situación económica actual (cf. DC art. 306, 1º). A tal fin, deberán aportar los siguientes documentos:

1º. Fotocopia del DNI, o pasaporte y tarjeta de residencia en el caso de ser extranjero.

2º. Original o fotocopia del cobro y/o ingreso a cuenta de las dos últimas nóminas percibidas, o certificado de lo que percibe por el subsidio de desempleo; y en su caso, certificación de estar en paro sin percepción de subsidio alguno.

3º. Certificado de liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o bien certificación de la carencia de declaración en el último ejercicio fiscal.

4º. Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda habitual; o, en su caso, copia del recibo de pago mensual; o en el caso de que la vivienda sea propia y esté hipotecada, justificante del pago hipotecario mensual.

Artículo 73. §1. La concesión de reducción de costas o exención total de las mismas se realizará por decreto del Vicario Judicial, y se resolverá de ordinario antes del establecimiento de la fórmula de dudas, si se hubiera presentado en el inicio de la causa, según dispone el c. 1464 y DC art. 80.

  • 2. En el caso de no presentar los documentos requeridos en el artículo anterior, no se concederá exención total ni reducción de costas alguna.
  • 3. Una vez decretada la reducción o exención total de tasas, los honorarios de letrados, procuradores y peritos y las tasas del Tribunal se ajustarán a lo dictaminado por el Vicario judicial en la causa en cuestión.

Artículo 74. §1. Si en el transcurso del proceso la parte beneficiada deviniera a mejor fortuna, o se comprobase el falseamiento o la ocultación de datos, se derogará el decreto de concesión y se le obligará a abonar los derechos correspondientes.

  • 2. Por contra, si en el transcurso del proceso la parte deviniera a peor fortuna y empeorara su situación económica, tendrá derecho a solicitar reducción de costas o exención total de las mismas.
  • 3. Para ello, en el transcurso del proceso, en el momento procesal de publicación de las actas, el Vicario judicial podrá solicitar a la parte beneficiaria documentación que acredite que se mantienen las circunstancias por las que se concedió la reducción o exención total de costas.

Artículo 75. Los letrados del elenco de patronos estables designados para asistir al orador en un proceso de matrimonio rato y no consumado, percibirán un veinte por ciento de las tasas totales del proceso, abonadas por el mismo orador, a no ser que el Vicario judicial disponga otra cosa.

Artículo 76. Al acordar sus honorarios, los letrados y procuradores tendrán en cuenta la misión jurídico-pastoral del Tribunal Eclesiástico, la particular naturaleza del proceso canónico y lo que en el mismo se resuelve, así como las circunstancias personales de sus patrocinados; sobre todo, en los casos en los que les hubiere sido concedida la reducción de costas o la exención total de las mismas, de tal modo que los fieles no se vean apartados del ministerio de los tribunales, con grave daño espiritual, ya que la ley suprema de la Iglesia ha de ser siempre la salvación de las almas (cf. DC art. 308).

Título VI

De las Sanciones

Artículo 77. §1. Los jueces, ministros y colaboradores del Tribunal que retrasen injustificadamente la tramitación de las causas, o bien actúen con negligencia o mala fe en el cumplimiento de sus deberes o sin el debido respeto a las personas, o bien incumplan las leyes generales y/o particulares, especialmente lo dispuesto en los cc. 1455-1457 así como lo explicitado en este Reglamento, serán sancionados, según la gravedad del caso, con apercibimiento, amonestación, suspensión temporal o privación del oficio, incluso con la no admisión en el tribunal.

  • 2. Lo establecido en el parágrafo anterior vale igualmente para letrados y peritos.

Artículo 78. §1. Los letrados que sean notoriamente negligentes en el cumplimiento de su oficio y, previamente amonestados, persistan en su conducta, serán sancionados con suspensión temporal, al menos de un año, o expulsión de forma definitiva del elenco de patronos estables, si pertenecieran al mismo, sobre todo en caso de reincidencia (cf. DC art. 111 §1).

  • 2. Si resultara que éstos no estuvieren a la altura de su oficio por impericia, pérdida de la buena fama, negligencia o abuso, el Obispo diocesano, oído el Vicario judicial, podrá incoar expediente de información y, si los resultados del mismo resultaran contrarios a la necesaria competencia de los afectados, o bien contrarios a la norma de conducta moral conforme con la disciplina de la Iglesia, el Obispo podrá prohibir su actuación en el Tribunal (cf. DC art. 111 §2).

Artículo 79. §1. Los letrados que a lo largo del proceso muestren una conducta deficiente por su falta de asistencia a las comparecencias, o introduzcan prácticas dilatorias, o falten al respeto y obediencia debidos al Tribunal, a los jueces y otros ministros del mismo, o a las normas contenidas en este Reglamento serán sancionados, de forma proporcionada a la gravedad de los hechos, con apercibimiento, suspensión temporal, expulsión y no admisión en la sala del Tribunal; y en caso de acusada reiteración, con la expulsión del elenco de patronos estables, si pertenecieren al mismo (cf. c. 1470).

  • 2. Los ministros y colaboradores del Tribunal así como los letrados que causen a otro un daño ilegítimamente por un acto jurídico requerido en el desarrollo del proceso en el que entiende este Tribunal, o por cualquier acto realizado con dolo o culpa que afecte a dicho proceso, estarán obligados a reparar el daño (cf. c. 128; DC art. 111 §3.).

Artículo 80. §1. Los letrados que pacten emolumentos excesivos o pretendan percibir honorarios injustificados, desproporcionados o abusivos, por encima de los señalados anualmente por este Tribunal, serán sancionados (cf. c. 1488 §1; DC art. 110, 2º )  y expulsados de forma inmediata y definitiva del elenco de patronos estables, si a éste pertenecen.

  • 2. De igual modo, los letrados pertenecientes al elenco de patronos estables que en alguna causa no acepten actuar con reducción de costas o con exención total de las mismas, serán expulsados del mismo.
  • 3. Si el letrado no pertenece al elenco de patronos estables no volverá a ser admitido para actuar en otros procesos de este Tribunal Eclesiástico y se notificarán estas circunstancias al resto de tribunales de la Provincia eclesiástica. En cualquier caso, deberá devolver las cantidades percibidas.

Artículo 81. §1. Los letrados que sustraigan causas a los tribunales competentes o atribuyan competencia a tribunales incompetentes, mediante documentos o pruebas falsas, serán sancionados con suspensión temporal, al menos de un año; o bien expulsados del elenco de patronos estables, si pertenecieren al mismo, sobre todo en caso de reincidencia (cf. c. 1488 §2; DC art. 110, 4º).

  • 2. De igual modo, serán sancionados los letrados que renuncien a su mandato sin justa motivación, cuando aún está pendiente la causa, o que prevariquen de su oficio aceptando regalos, promesas o cualquier otra causa (cf. DC art. 110 1º y 3º ).
  • 3. Quienes hagan uso de las actas del proceso ante la jurisdicción civil o para otros fines, o violen el carácter reservado o, en su caso, secreto del proceso canónico, o colaboren a ello, serán sancionados con suspensión temporal, al menos de un año, o eliminados del elenco de patronos estables, si pertenecieren al mismo, estando obligados a reparar el daño causado a la parte o a un tercero.

Artículo 82. Quienes de cualquier otro modo actúen en contra de las normas generales o particulares que regulan el proceso canónico serán sancionados, según la gravedad, con apercibimiento, suspensión temporal o eliminación del elenco de patronos estables si a él pertenecen, estando obligados, en su caso, a reparar el daño causado.

Artículo 83. §1. Para la imposición de las sanciones señaladas en los artículos anteriores, el Vicario judicial incoará el oportuno expediente administrativo, que trasladará al Obispo diocesano para que resuelva en modo definitivo.

  • 2. En aquellos casos en los que por la notoriedad de los hechos urja tomar una resolución, el expediente será tramitado con la máxima diligencia posible según las normas del derecho.

Disposiciones transitorias

Disposición Primera. Por la promulgación de este Reglamento, cuya finalidad es la de contribuir al mejor funcionamiento del Tribunal Eclesiástico de Almería quedan derogadas cuantas normas diocesanas se opongan al mismo.

Disposición Segunda. Este Reglamento se promulga mediante decreto episcopal por tiempo indefinido, sin que obste a las modificaciones que el Obispo diocesano, intérprete del mismo, pueda hacer asimismo por decreto, atendiendo a la experiencia de su aplicación y al parecer de los miembros del Tribunal Eclesiástico de Almería, en el transcurso del tiempo de su aplicación.

 Disposición Tercera. En los defectos de norma que pudieran apreciarse en este Reglamento, en los cuales no se haya contemplado una regulación diocesana aplicable a los mismos, el Tribunal procederá de modo concorde con la legislación universal de la Iglesia, tanto en lo contemplado por los cánones como por las disposiciones normativas de la Curia Pontificia de obligada aplicación con relación a las competencias de los tribunales diocesanos, particularmente las emanadas de las Congregaciones romanas al efecto.

Dado en Almería, a quince de julio de 2022.

Memoria de San Buenaventura, Obispo y Doctor de la Iglesia.

+ Antonio Gómez Cantero
Obispo de Almería

Por su mandato,
José Juan Alarcón Ruiz
Canciller Secretario General

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